La secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero, ha apostado por seguir trabajando en favor de una “universidad abierta, plural e inclusiva” que permita aumentar la cifra actual de 20.000 universitarios con discapacidad, de los que un tercio están matriculados en la UNED.

Durante la inauguración del III Congreso Internacional Universidad y Discapacidad, organizado por la Fundación ONCE, Camarero ha destacado que desde 2011 han sido contratadas más de 923.000 personas con discapacidad, con una cifra “récord” en 2015, de 250.000 contratos.

“Hemos avanzado, pero tenemos que seguir peleando y luchando para que estas cifras vayan aumentando”, ha dicho la responsable de Servicios Sociales, quien ha insistido en la necesidad de reducir las tasas de abandono escolar e incrementar la presencia de alumnos con discapacidad en los centros universitarios.

El secretario general de Universidades, Jorge Sainz González, ha subrayado el apoyo que desde el Ministerio de Educación se presta al alumnado con discapacidad, con proyectos como el de Campus Inclusivos o el programa Erasmus+.

En concreto, ha señalado que el proyecto Erasmus+ facilitó la movilidad en el curso 2015-16 a 46 alumnos con discapacidad, mientras que en 2013-14 fueron 10 los universitarios que realizaron estudios fuera de España.

Durante este congreso, en el que se han inscrito más de 400 participantes de universidades de 19 países, se pretende dar a conocer las experiencias y necesidades de las personas con discapacidad en la etapa universitaria e intercambiar modelos y buenas prácticas de universidades de todo el mundo, además de exponer las últimas investigaciones y redes tecnológicas en este ámbito.

El vicepresidente ejecutivo de la Fundación ONCE, Alberto Durán, ha destacado la importancia de seguir sumando aliados para avanzar en la inclusión de los sistema educativos, porque “supone una mejora para toda la sociedad”.

“El talento no está reñido con la discapacidad, ni es un obstáculo para el conocimiento”, ha añadido.

El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Luis Cayo Pérez Bueno, ha recordado que el 4 de diciembre de 2017 es la fecha límite para que todas las universidades sean accesibles. “Es una obligación legal que deben cumplir o si no asumir el grado de desprestigio por mantener esa situación de ilegalidad”.

“Las universidades no pueden utilizar como coartada que no tiene medios y recursos para no hacerlo; la inclusión es una obligación y deberán buscar soluciones creativas”.

Además, ha señalado que en la educación secundaria obligatoria “está todo por hacer” y sobre todo ha reclamado que se trabaje en la orientación de los alumnos con discapacidad “para que sepan que tienen la universidad a su alcance”.

Fuente: EFE

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