Las asociaciones demandan una refundación de la norma, que cumple diez años, para que se apueste de verdad por la asistencia personal y se impulse un modelo preventivo.

Entidades de la discapacidad coincidieron ayer en la urgencia de refundar la ley de dependencia, que ha cumplido diez años, con mayor financiación, sin copagos, apostando por la asistencia personal y por un modelo preventivo.

En el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, los datos de empleo de este colectivo demuestran que queda mucho por hacer en el ámbito laboral, aunque se haya registrado este año un aumento del 2,3% en la contratación de personas con discapacidad.

La tasa de actividad es tan solo del 38% (59,2 en la población sin discapacidad) y la tasa de paro 32,4% (18,9 en la población general). El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) pide un pacto de Estado para implantar “un auténtico y efectivo dispositivo de derechos sociales para las personas, incluyendo niños y niñas, que precisen de apoyos intensos para su autonomía personal”.

El modelo refundado de la ley, explican en un comunicado conjunto las entidades del sector de la discapacidad, tendría que insertarse dentro de la Seguridad Social, a fin de que se garantizara la igualdad y la equidad territoriales, y dotarse de “financiación suficiente y sin copagos, para su correcto y rápido despliegue”.

Para el presidente de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe), Anxo Queiruga, “la ley ha resultado ser un sistema frustrante para sus potenciales beneficiarios y no cumple con las expectativas e ilusiones puestas en ella; tenemos 17 modelos distintos lo que está provocando discriminación entre los ciudadanos en un país en el que todos tenemos los mismos derechos”.

Además, el responsable de Cocemfe lamentó que la mitad de las comunidades autónomas no haya reconocido a ningún solicitante la figura de asistente personal, “cuando es una figura esencial para fomentar la vida independiente de las personas con discapacidad”.

UGT planteó que la inclusión laboral de las personas con discapacidad debe ser un compromiso de todos y pide que se garantice que las empresas de más de 50 personas en plantilla aplican la cuota de contratación de 2% de personas con discapacidad.

Recuerda que del 1,5 millones de personas con discapacidad en edad laboral, no llegan a 250.000 las que trabajan, solo el 1,31 % de los contratos son con personas con discapacidad y que el 91 % fueron contrataciones temporales.

El sindicato CSIF reclama “para las personas con capacidades diferentes, las mismas oportunidades para poder vivir en libertad y el derecho a ser protegidas ante la violencia”.

Fuente: El Dia